El Sistema judicial federal se enfrenta a su momento más crucial: la era de los jueces electos.

Créditos: Central Electoral | ine.mx

El uno de septiembre de 2025 marcará el inicio formal de una etapa inédita y muy controversial para el Poder Judicial Federal en México. Después de las votaciones del 1 de junio, donde por primera vez los ciudadanos acudieron a las urnas para elegir a ministros, magistrados y jueces, la investidura de los juzgadores elegidos abre un ciclo que, para muchos, implica más peligros que esperanzas.

La idea de democratizar la justicia, llevándola a la gente y eliminando la imagen de cerrazón y exclusividad, ha sido la bandera de esta reforma. No obstante, la instrumentación de la elección ciudadana ha generado serias dudas en distintos sectores de la sociedad, la academia y la propia comunidad jurídica. La baja participación ciudadana en los comicios, superando apenas el 10% del padrón electoral en algunos casos, ya es un primer indicio del alejamiento o la dificultad que el electorado percibió en este proceso. ¿Se puede hablar de una legitimidad sólida cuando la participación fue tan limitada?

Una de las críticas más intensas radica en la politización inherente del Poder Judicial. Al exponer a los juzgadores a la lógica electoral, se les sujeta a presiones políticas y partidistas, debilitando el principio fundamental de su independencia. La necesidad de hacer campaña, buscar el voto y depender del respaldo de las estructuras partidistas podría afectar la autonomía con la que deben cumplir su función, poniendo en tela de juicio su imparcialidad al resolver conflictos. ¿Cómo garantizar que un juez o magistrado electo no se sienta en deuda con el partido o el grupo político que apoyó su candidatura, o que sus decisiones no estén marcadas por la intención de ser reelegido?

Asimismo, la competencia y especialización son temas de gran inquietud. El sistema anterior, con todas sus carencias, daba prioridad a la trayectoria judicial, la experiencia y la formación académica como requisitos para acceder a los cargos. La elección popular, aunque busca la representatividad, no siempre asegura que los perfiles electos posean la solidez técnica y jurídica indispensable para encarar la complejidad del derecho e impartir justicia. El riesgo de que prevalezcan la popularidad o la afinidad política por encima del mérito y la capacidad es obvio.

Otro punto que suscita debate es cómo la política se mete en la justicia. Cuando los jueces y magistrados dependen de ser reelegidos y de tener el visto bueno de la gente, es más fácil que sus decisiones reflejen lo que opina la mayoría o los planes de ciertos políticos, en lugar de basarse estrictamente en la Constitución y las leyes. Esto podría debilitar el Estado de Derecho, haciendo que las decisiones parezcan más el resultado de luchas políticas que de aplicar la ley de forma justa.

La puesta en marcha del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, también con miembros elegidos, suma aún más incertidumbre. Si bien se vende como una forma de combatir la corrupción y la impunidad, preocupa que termine siendo una herramienta para atacar políticamente a los jueces cuyas decisiones no les gusten a los que están en el poder.

El primero de septiembre, México no solo tendrá nuevos jueces, sino que también probará un experimento democrático con resultados aún desconocidos. La esperanza de una justicia más cercana y clara se enfrenta al temor de que una parte clave de la democracia vea en peligro su independencia, su capacidad y, al final, su habilidad para defenderse de los demás poderes. El tiempo dirá si esta reforma arriesgada logrará fortalecer una justicia más justa o si, por el contrario, terminará afectando la autonomía y la confianza en el Poder Judicial de la Federación.

Por: Luis Fernando Lara Malta, Vicepresidente del Consejo de Administración de Preciado & Lara Corporativo de Abogados, S.C.